A- de 2022

Conflicto aparente de competencia en materia de tutela suscitado entre la Sala Unitaria Civil – Familia y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Risaralda).

La Corte encontró que en el presente caso sólo se presentó un conflicto aparente, en la medida en que la primera autoridad mencionada decretó la nulidad de lo actuado por el juez de primera instancia, fundamentándose para ello en la correcta aplicación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificadas por el Decreto 333 del 2021.

Se dirime la controversia con la remisión del expediente a la Sala Unitaria Civil – Familia del Tribunal Superior de Pereira, para que, de forma inmediata, continúe el trámite de la impugnación impetrada y adopte las medidas que considere pertinentes y de esta manera profiera decisión de fondo a la que haya lugar.

Se le advierte a esta autoridad que, siempre que considere que existe un conflicto de competencia en materia de tutela, este debe ser resuelto, en principio, por las autoridades judiciales establecidas en la Ley 270 de 1996, para lo cual debe observar las reglas previstas sobre la materia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, expuestas en la presente providencia y compiladas en el Auto 550/18, con el propósito de eliminar las barreras en el acceso a la administración de justicia y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales.